Sábado, 16 Dic 2017
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  • La Corte exigió a YPF revelar el acuerdo secreto que firmó con Chevron por Vaca Muerta

    La petrolera argentina aceptó el fallo pero planteará dudas sobre su alcance

    El máximo tribunal emitió otro duro fallo contra el Gobierno, al ordenar a la empresa que haga público el acuerdo sellado en 2013 con la petrolera estadounidense. Para la Corte, la compañía es una empresa controlada por el Estado que responde directivas políticas del Poder Ejecutivo, y como tal, debe cumplir con el régimen de información pública. Los jueces invalidaron el argumento de confidencialidad que sustentó la defensa de YPF.

    Otro duro revés judicial para el gobierno a una semana y medio del ballotage entre Scioli y Macri. La Corte ordenó a YPF hacer público el acuerdo con Chevron por Vaca Muerta El máximo tribunal, con su fallo, obliga a la petrolera estatizada a difundir el contrato con su par estadounidense para extraer petróleo no convencional en Neuquén

    BERNARDO VÁZQUEZ
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    Una semana después de declarar inconstitucional la ley de subrogancias, la Corte Suprema de Justicia firmó un fallo que representa otro duro revés para el gobierno nacional, al ordenar que la petrolera estatizada haga público el acuerdo que selló en 2013 con la estadounidense Chevron por inversiones en el yacimiento neuquino Vaca Muerta, el segundo reservorio de petróleo no convencional más grande del mundo y eje central de las políticas energéticas implementadas desde el Poder Ejecutivo desde que se descubrió la formación en 2011.

    La resolución del máximo tribunal demolió la pretensión de YPF de que no se la considere una empresa pública y se la exima de brindar información porque sus acciones cotizan en Bolsa. Ese planteo de la petrolera que dirige Miguel Galuccio había sido avalado previamente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, pero fue revocado de manera contundente por la Corte.

    Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Faytyjuan Carlos Maqueda coincidieron en su voto al exigir a la petrolera que difunda la información, como solicitó el denunciante, el senador Rubén Giustiniani. Elena Highton también avaló esa postura, pero se expresó en disidencia parcial, por considerar que se debe acatar el dictamen de la procuradora Alejandra GilsCarbó, quien pidió dar también intervención a Chevron.

    El máximo tribunal destacó en su fallo que la libertad de información es un "derecho humano fundamental" y remarcó que "las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos".

    Los jueces examinaron la situación de YPF Sociedad Anónima, que sigue cotizando en los mercados, pese a su mayoría estatal y marcó que el Estado no sólo tienen 51% del paquete accionario, sino que además ejerce "un rol preponderante" en ella y tiene "poder para determinar sus decisiones", entre otras cosas por haber nombrado la presidenta Cristina Fernández a su gerente general, Miguel Galuccio y porque el ministro de Economía, Axel Kicillof, forma parte del Directorio.

    "YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información", sostuvo la sentencia y subrayó que ese "derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales". La causa se originó en 2013, por una denuncia de Giustiniani, ya ya tenía fallos en la justicia de primera instancia y de Cámara del fuero contencioso.

    Miguel Galuccio, presidente de YPF, y Al i Moshiri, directivo de Chevron, en 2013, cuando se selló el contrato.