Sábado, 16 Dic 2017
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  • Audiencia con Griesa el 8/9 por cálculo de deuda con "me too"

    El juez fue obligado por la cámara de apelaciones a medir otra vez el pasivo para buitres de segunda generación.

    El 8 de septiembre Thomas Griesa volverá a estar seguramente de mal humor. Ese día, aún con el juez de vacaciones, deberá volver a recibir (por cuarta vez en el año) a los abogados representantes de la Argentina del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) y de los fondos buitre. En este caso, será para atender el reto que le hizo al magistrado de primera instancia de Nueva York la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, que lo obligó a recalcular a favor del país el monto del reclamo de los denominados "me too". Estos fondos buitre de segunda generación pedían según el cálculo original de Griesa unos u$s 5.400 millones, dinero que para la cámara resultaba excesivo, además de considerar como desequilibrado el nivel de intereses y multas que Griesa les había otorgado a los demandantes y que llevaba ese dinero por encima de los u$s 8.000 millones a julio de 2005. Este dinero, si se incorporara además toda la deuda aún en default desde 2001 y se indexara según los criterios de Griesa elevaría el pasivo de la Argentina a unos u$s 15.000 millones totales. Lo cierto es que a partir del reto de la segunda instancia, el país se ahorró no menos de u$s 2.000 millones en el pasivo total.

    Escribe: Carlos Burgueño

    El lunes 10 de agosto pasado, la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio la razón a la Argentina (una de las pocas veces que lo hizo desde 2013, cuando debió actuar en el "juicio del siglo") y determinó que Griesa se había "excedido en sus funciones" en cuanto a la asignación del monto adeudado a los "me too", con lo que debería realizar una nueva amortización de pérdidas a estos acreedores. Estos representan a los bonistas que no se presentaron en el juicio original que tuvo fallo de Griesa en noviembre de 2012, pero que al tener deuda argentina impaga tendrían igualmente derechos para reclamar que se les pague el pasivo completo. El juez de primera instancia, sin embargo, no sólo asimiló la deuda al derecho de los fondos buitre originales sino que además les incorporó todo el cálculo de intereses, multas, punitorios y costos que les había confirmado a los primeros acreedores del juicio. Para la Cámara de Apelaciones esto fue un exceso y obligó a Griesa a llamar a una nueva audiencia, lo que tradicionalmente pone de extremo mal humor al juez. Esta tendrá ahora lugar el 8 de septiembre, según el comunicado que emitió la oficina del magistrado de Nueva York.

    Esto también limitará las acciones de los fondos buitre de tercera generación, como el Owl Creek. Esto es, los acreedores que compraron deuda argentina "posdefault" y "performance" (al día en los pagos), pero que, según informó en su momento la periodista Katia Porzecanski en la agencia Bloomberg, reclamarán en los próximos días una "aceleración". Esto es, que se les pague la totalidad de la deuda emitida cash al ser declarado el país en desacato y no poder liquidar el dinero en Nueva York.

    Por otro lado, ya son seis los fondos buitre tanto originales como los encolumnados dentro de los "me too" que le reclaman a Griesa que les reconozca más deuda que el cálculo original. Al pedido de Elliott para que se le pague más dinero a partir de la existencia de supuestos "daños irreparables", al que se sumó el lunes pasado Kenneth Dart con su fondo EM, presentaron ayer sus escritos Blue Angel, el Grupo Varela a pleno, el bostoniano GMO LLC y Adami. Entre todos suman ya unos u$s 4.200 millones de los u$s 5.500 millones originales. El Grupo Varela está integrado por Pablo Alberto Varela, el argentino que con sus reclamos comanda a los acreedores individuales Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez, Norma Haydee Ginés, y Marta Azucena.

    Este reclamo había sido inicializado por el fondo Elliott de Paul Singer, que había argumentado que a partir de la decisión de Griesa del pasado miércoles 12, en la que el magistrado acusó al país de "no acatar" su obligación de proveer información sobre los movimientos financieros, la Argentina le habría provocado "daños irreparables" a su patrimonio que excedían el cálculo original de capital, más intereses, más multas, más gastos que se le debían reconocer. En su momento Griesa calculó en un total de u$s 1.330 millones lo que se les debía pagar a los fondos buitre, dinero que actualizado hoy superaría los u$s 2.000 millones. Elliott llamaba a Griesa en el escrito del viernes pasado a que tomara en cuenta más daños provocados por las "constantes violaciones de la Argentina", dado que, para Singer, y según la presentación del escrito que llevaba la firma de su abogado Robert Cohén, que la Justicia haya encontrado que "la República Argentina falló en acatar el ´discovery´ del 25 de septiembre de 2013 relacionado con activos de la República", esto es, proveer información solicitada de movimientos de fondos que podrían ser del país y que se le haya impuesto la sanción sobre "cualquier propiedad de la República en los Estados Unidos excepto bienes diplomáticos o propiedad militar es considerada de ser usada para actividad comercial", confirmarían "los daños provocados contra los acreedores" por la negativa del país a aceptar el fallo de Griesa.  
    Escuetamente, Griesa llamó a los abogados de la Argentina y de los "me too" a una nueva audiencia, obligado por la Cámara de Apelaciones.